Los funcionarios públicos afectados por actos o decisiones arbitrarias, ya sea a través de un procediendo administrativo sancionador o a través de una resolución que implique un menoscabo en los derechos del funcionario o que ponga fin a su carrera funcionaria puede presentar este recurso, el cual protege a todos los ciudadanos, incluidos, por supuesto, a los funcionarios públicos de actos de la autoridad en los cuales hay un abuso, una desviación de fines o motivaciones arbitrarias.

En el actual ordenamiento jurídico, la acción o recurso de protección, es en la práctica el contencioso administrativo más eficaz y eficiente para proteger los derechos de los funcionarios públicos una vez agotada la vía administrativa.